Portada del libro: Derecho al Derecho: Intersticios y grietas del poder judicial en Puerto Rico

Portada del libro: Derecho al Derecho: Intersticios y grietas del poder judicial en Puerto Rico

A partir del éxito que ha tenido el blog derechoalderecho, dirigido específicamente al pensamiento crítico sobre tópicos jurídicos especialmente en Puerto Rico, editado por los profesores y amigos Érika Fontánez Torres e Hiram Meléndez Juarbe, así como del libro Derecho al Derecho: Intersticios y grietas del poder judicial en Puerto Rico, los editores de este proyecto crítico y necesario hacen una interesante reflexión sobre lo que posibilitan espacios como derechoalderecho: la democratización radical de lo jurídico. Es muy recomendable su lectura, la cual dejamos por aquí, a la vez que representa una importante invitación a seguir el producto dinámico del blog y sus derivados, como el libro fruto del mismo.

Colgamos una parte del escrito que nos pareció más que pertinente en estos – y tantos – momentos dados. Disfruten la lectura.

Las y los funcionarios públicos (no ya solo los jueces y juezas) se dirigen a la población en su totalidad (no solo a sus correligionarios/as ideológicos) apelando al cargo que ocupan. Como tal, en el foro publico utilizan como plataforma la legitimidad de las instituciones en las que operan y esperan (o deberían esperar) que la población así les perciba. En este sentido, cuando hablan (por ejemplo, mediante discursos y otros actos oficiales como en vistas públicas, opiniones judiciales, piezas legislativos u órdenes ejecutivas), no deben descansar solo en su visión del mundo particular e íntima, pues se dirigen a una población heterogénea que, aunque esté en desacuerdo, debe percibir sus actos como válidos. Y, en esa capacidad, es imperativo que sus justificaciones sean generalmente reconocidas por la población como mínimamente adecuadas y aceptables. Se trata, más que del uso de una razón de orden individual, de la activación de la razón pública. A ese tipo de discusión podemos llamarle deliberación pública y presume un compromiso con el empleo de razones y justificaciones susceptibles de examen crítico; es decir, un alto grado de razonamiento público, distinto al de las preferencias personales. Este exigente estándar, claro está, no siempre (o muy rara vez) se materializa en la práctica. Se trata más bien de un idea difícil de implementar. Pero esta exigencia de razonamiento público es un criterio con el que podemos evaluar a nuestras y nuestros funcionarias y funcionarios en el terreno de la política y, por extensión, a quienes aspiren a ello. (E. Fontánez Torres & H. Meléndez Juarbe, Derecho al Derecho: una apuesta por la democratización radical de lo jurídico, 83 Rev. Jur. U.P.R. 230, 235 (Revista Digital))

 

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