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En las pasadas semanas la nominación de la licenciada Mayte Oronoz ha sido uno de los temas principales en la discusión pública, lo que no significa que su nominación para ser Jueza Asociada del Tribunal Supremo se haya atendido con la seriedad, honestidad y responsabilidad que se amerita. Quizá por sagacidad, y con el aval incondicional de un gran sector de la prensa, el partido en el poder entendió que la mera noticia de la nominación de una persona abiertamente lesbiana a nuestro más alto foro judicial cerraría u obstaculizaría las críticas que podrían provenir de sectores que ven en dicho proceso de confirmación un mecanismo de poder que debería ser revestido con una sincera y sustantiva deliberación pública. Esto, pues nada más y nada menos se está evaluando el posible nombramiento de una persona que podría ser pieza clave en nuestro engranaje jurídico y en la decisión sobre las consecuencias individuales, sociales y políticas que tendrían las controversias que llegan al Tribunal Supremo.  No obstante, creo que, si fue ese uno de los propósitos del Partido Popular en este caso, se ha cumplido de forma bastante notoria, ahorrándose el propio gobierno la tarea responsable de propiciar una discusión seria del perfil completo de la nominada.

Esto lo hemos visto no sólo en la opinión pública por parte de varios sectores que solo se han quedado en la alegría que representa, y muy legítima que es dado nuestro contexto gubernamental y social ampliamente homófobo, la nominación de una persona abiertamente lesbiana a nuestro Tribunal Supremo, pero también lo hemos percibido en compañeros y compañeras del ámbito jurídico que, por oportunismo político, por seria convicción o por costumbre de quien no ve (o no quiere ver) una oportunidad de cambio estructural en nuestros procesos políticos, han criticado burlescamente, si me permiten el adjetivo, a aquellos y aquellas que han hecho un análisis realmente completo y enjundioso no sólo del perfil de la nominada, sino de lo que es más importante, las grietas que caracterizan estructuralmente el proceso de nombramiento de jueces y juezas en nuestra judicatura. Según he visto en las redes sociales, hasta homófobos le han dicho a personas que seriamente cuestionan aspectos de la licenciada Oronoz que me parecen neurálgicos al momento de la presunta deliberación política. Aspectos como sus experiencias laborales, los litigios en los que ha estado envuelta, su idea de lo que es abogacía y la judicatura, sus forma de pensar respecto a las metodologías de adjudicación judicial, sus relaciones con las personas de poder que auspiciaron su nombramiento, sus opiniones sobre derechos humanos y civiles, etc., podrían preponderar en la discusión pública, nutrirla, darle contenido, y no rezagarla a eslóganes vacuos y fútiles sobre la importancia – que no creo que nadie que haya visto se la haya quitado, sino todo lo contrario – de que sea la primera mujer lesbiana nominada a tan importante puesto.

Por tal razón, seguimos viendo exactamente el mismo patrón de carencia de discusión y reflexión pública sobre los aspectos más importantes que deben caracterizar a una jueza o juez, más aún si es para un puesto tan importante como Jueza Asociada del Tribunal Supremo. Lo vimos el cuatrienio pasado con unos nombramientos que se hicieron de forma atropellada y sin ningún tipo de discusión al respecto, como funcionan estructuralmente las dictaduras. Lo vimos en los pasados cuatrienios también, y si quieren comprobarlo, vean el número de horas o días que duraron los procesos de confirmación de nuestros/as miembros de la judicatura ante el Tribunal Supremo. Lo experimentamos de forma similar hoy, cuando de la pasada vista de confirmación no supimos prácticamente nada de lo que deberíamos saber como ciudadanos y ciudadanos respecto a quién están nombrando nuestros representantes – si se les puede llamar de esa manera tan privilegiada – al máximo foro judicial. Muy poca sustancia, relatos familiares totalmente impertinentes – lo que no quiere decir que no sean totalmente reveladores -, abolengos a flor de piel, contestaciones realmente muy pobres, si se les pueden llamar contestaciones, preguntas más vacías aún, y una impresión de que realmente no hay voluntad para enmendar los errores graves del pasado fueron algunos de los sucesos más penosos durante este proceso.

Así, en lo que es el arte de la demagogia y de la acción estratégica – aquella contraria a la acción comunicativa y que pretende imponer determinadas razones, no ponerlas ante el crisol crítico mediante un proceso deliberativo -, varios/as han atacado el sentir de otros/as respecto a los patrones de preservación de privilegios de sectores en este país, del cual este muy probablemente sea uno de los casos. Argumentos pobres y simplistas como “¿Y no la tenían que conocer para que cualificara?”, refiriéndose al séquito de ex jueces del Tribunal Supremo, ex gobernadores y figuras poderosas del mismo partido que la nominó y el que tiene en sus manos su confirmación, lo que denotan es la falta de interés por entender, presumiendo que se tiene la capacidad para ello, el ataque a un proceso totalmente viciado, carente de discusión seria y enemigo de la deliberación mediante razones. Es más fácil, pero a la misma vez mucho más irresponsable consigo mismo así como con el país entero, quedarnos en la acción estratégica de atacar a quien nota en el proceso grietas insalvables con los ya consabidos epítetos de homófobo u homófaba. Así, ciertos sectores, originalmente, y otros, que se cegaron de repente, lograron paralizar cualquier tipo de discusión respecto a la participación de la nominada en la Oficina de la Procuraduría General, y lo que públicamente han dicho sus compañeros de entonces; su vital defensa y quizá desarrollo mismo de los puntos de cotejo (cateo patrio) durante las pasadas Fiestas de la Calle San Sebastían, que sabemos que si la ACLU no presenta la acción correspondiente el Municipio de San Juan hubiera violado reiteradamente derechos constitucionales de las personas que hubiesen querido entrar a la ya doblemente amurallada ciudad; su experiencia en un bufete privado así como su competencia misma como posible jurista.

¿Quién ganó con esto? La mezquindad, la mediocridad, la incompetencia y la desidia que arropa constante y progresivamente la pésima discusión pseuo-política que los partidos que han gobernado el país han patentizado. Con este patrón de acciones estratégicas lo que hacemos es empobrecer aun más la carencia de política que tenemos en nuestro intento de democracia. Con esta misma postura y falta de política nos alejamos lastimera pero vergonzosamente, para no volver a utilizar el adjetivo mezquino, de una idea de democracia más saludable, más auténtica, más funcional y, cómo no, más responsable. Los ataques estratégicos – para obstaculizar la discusión – son muy fáciles – y cualquier persona que se hubiese opuesto al nombramiento de Clarence Thomas al Tribunal Supremo de Estados Unidos, por más de izquierda que fuera, hubiese sido atacada  como racista, aunque el ataque proviniera de verdaderos racistas oportunistas mismos -, pero guardan el germen de repetirse recurrentemente cuando los y las que ahora los profieren no estén cercas del o en el mismo poder. La muerte de la discusión pública sobre un tema neurálgico como este lo que representa es la condena a la perpetua mezquindad de la pseudopolítica en nuestro intento de país.

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