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burdenComparto por aquí mi más reciente controbución a la revista 80 grados. Anejo un párrafo sobre el escrito que intenta resumir bastante de lo planteado en el mismo. Nuestras reformas penales, así como cualquier aprobación de leyes penales especiales o enmiendas a estas, deben tener como condición necesaria la apertura de procedimientos políticos inclusivos que posibiliten y propicien la participación ciudadana mediante dinámicas de deliberación que legitimen lo que hoy se realiza prácticamente de espaldas a la ciudadanía. Para ello, sin duda, es necesario un cambio drástico del paradigma de democracia de élite en el que vivimos, para movernos a una democracia cualitativamente más efectiva, justa y legítima como modelos de democracia deliberativa podrían posibilitar.

“Dirigirnos hacia una creación de normas penales –y nos solo penales, sin duda- en virtud de mecanismos deliberativos que integren cada vez más a los sectores sociales; que se basen en procesos sensibles hacia quienes han sido sistemáticamente marginados en sociedades estructuralmente tan desiguales, así como incentivar al máximo la participación activa principalmente de estos sectores en la creación de normas creo que sería un primer paso hacia un Derecho penal más equitativo y, sobre todo, legítimo. La crisis de legitimidad del Derecho penal en estos momentos es insostenible, por lo que es imperativo crear mecanismos políticos que puedan derrumbar al máximo esa alienación legal que existe entre amplios sectores sociales y la norma que es aprobada bajo el esquema de élite antes visto. Mantener el mismo modelo es continuar criminalizando la pobreza, la marginación, la carencia y la falta de privilegio socio-económico que cíclica y generacionalmente se transmite ante una sociedad cada vez más violenta tanto institucional como socialmente. Es imperdonable que continuemos con la misma dinámica perniciosa y execrable que ha convertido a nuestras cárceles en campos de concentración de sectores sistemáticamente discriminados”.

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